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El Estado destina 1.000 millones al año para pagar a cerca de 20.000 asesores elegidos a dedo

13 de Noviembre de 2016

Una asesora de la concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) con un sueldo de 50.790 euros brutos al año en el Ayuntamiento de Barcelona; un asesor gráfico con un coste de 54.098 euros para el Gobierno de Aragón; dos asesores, a razón de 37.753 euros al año cada uno, en la secretaría general de la consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura; un asesor técnico de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana al que el Ayuntamiento de Madrid paga 61.502 euros; un asesor político, sin más especificaciones, en el Consistorio de Ourense que se embolsa 32.124 euros; un asesor en materia de comunicación y otro asesor Parlamentario, ambos con un sueldo de 86.816 euros, en el gabinete del secretario de Estado de Presupuestos y Gasto; o un asesor de comunicación a la Presidencia del Gobierno de Cantabria para el que se destinan59.652 euros del presupuesto anual.

Y así, se podría seguir hasta una cifra indeterminada de asesores que están contratados por las diferentes administraciones y cuyo coste, por lo tanto, tampoco se conoce con exactitud. Sin embargo, sí que existen estimaciones como la que realiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que calcula que la cifra ronda los 20.000 y que el sueldo medio podría estar sobre los 50.000 euros brutos al año. Esto supone que, anualmente, el conjunto del Estado destina hasta 1.000 millones de euros de dinero público para pagar a un conjunto asesores que, en su mayor parte, son elegidos a dedo y a los que no se tiene, ni mucho menos, totalmente identificados.

"Averiguar con exactitud cuánto se gasta el Estado en asesores es un trabajo casi imposible de abordar porque dependen de varios presupuestos: Estatal, autonómicos, de Ayuntamientos, Diputaciones... Además, las retribuciones suelen estar camufladas en diferentes conceptos presupuestarios", explican desde CSIF.

El acceso a esta información, además, no resulta sencillo en la mayor parte de los casos. Algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, como los citados al inicio, sí que ofrecen una relación de puestos y sueldos clara y ordenada. Pero otros muchos no lo hacen ya que, a pesar de estar obligados a publicar esta información en sus respectivos portales de transparencia, evitan su difusión u ocultan los asesores bajo cargos que son dificilmente identificables.Seguir leyendo